En la edición 41 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), se llevó a cabo el panel “True crime y narcoviolencia: Desafíos y oportunidades narrativos para la industria”. Estuvo presente Everardo González, director de La libertad del diablo (2017) y Una jauría llamada Ernesto (2023); Inna Payan, productora de Una jauría llamada Ernesto, y la cineasta Juliana Martínez.
En la sesión se reflexionó acerca de la diferencia entre true crime y documentales, con enfoque en los temas éticos que involucra hacer este tipo de producciones, así como los distintos retos que enfrentan durante su desarrollo.
Uno de los puntos de interés fue que la violencia aquí se presenta de forma distinta al panorama estadounidense, haciendo la mimesis imposible. González comentó que, debido a que nuestros “vecinos del norte” confían en sus instituciones gubernamentales, la construcción narrativa anglosajona parte de un punto distinto y su resolución es casi predeterminada; el detective logra su cometido y todo vuelve a ser como estaba.
Sin embargo, en el true crime mexicano ocurre al revés: no se confía en las instituciones y en ocasiones el mal proviene de las mismas. Por lo tanto, se llega a una irresolución: “Nuestros criminales son expolicías, exmiembros de las fuerzas del orden público que corrompen a otros organismos del orden público, que a su vez corrompen a los ministerios, a los jueces, a los gobernadores, es decir, se vuelve un problema”, señaló.
Si la temática del proyecto audiovisual resulta sensible o llega a transgredir alguna institución, el apoyo suele ser denegado. Aunado a esto, una parte significativa de los perpetradores siguen libres, por lo que la producción de documentales o proyectos audiovisuales conlleva un alto riesgo para el realizador.
Por otro lado, surgieron dilemas éticos fundamentales en torno a la perspectiva narrativa; es decir, desde qué punto de vista se aborda la historia y cómo evitar crear «íconos» sociales de los victimarios.
Payan y Martínez mencionaron que el realizador tiene la responsabilidad de no estilizar la violencia en el true crime mexicano. En el caso del documental, González opinó que debe “mostrar la herida sin decorarla”.
El debate surgió en el marco ético de cuestionar a la víctima. De acuerdo con el documentalista, el cineasta es un narrador, no necesariamente un activista, y aunque hizo hincapié en que hay excepciones, dijo que el compromiso debe estar principalmente en lo narrativo. Consideró inmoral cuestionar a la víctima, aunque en la narrativa es necesario hacerlo.
“El problema es que nosotros funcionamos con dispositivos narrativos, necesitamos que se empuje la historia porque, como decía yo al principio, no necesariamente somos activistas; hay quienes sí, hay quien no. Pero quienes nomás nos consideramos como parte del ejercicio de lo narrativo, necesitamos de las estructuras narrativas para que funcionen […] la obra tiene que ser vista. Si no, se queda como un ejercicio de memoria absolutamente individual”, argumentó.
Eso generó controversia debido a la postura de Payán, quien explicó que, en casos de feminicidio, las víctimas suelen ser cuestionadas. A lo que González respondió que su enfoque se limitó a términos narrativos, argumentando que es necesario mostrar ambas perspectivas para construir el drama o la acción en una obra audiovisual, ya sea de ficción o documental.
Al finalizar, se discutió el temor de las nuevas generaciones respecto a qué temas abordar. Se planteó que la búsqueda de pertenecer a una hegemonía funciona como un ejercicio de autocensura, la cual constituye una forma de violencia sistemática.